LA DELEGACIÓN DEL CONTROL

El ahogo de la confianza en las comunidades inmigrantes

En menos de un año la administración federal ha impulsado una reconversión profunda de la política migratoria estadounidense: La sección 287(g) del Código de Inmigración, diseñada originalmente como un mecanismo limitado para apoyar a ICE, ha crecido hasta convertirse en una red masiva de delegación de poderes a policías locales y cárceles del país.

Según datos oficiales de ICE, en octubre de 2025 existen más de mil acuerdos operativos bajo 287(g), desplegados en decenas de Estados.

Ese crecimiento no es inocuo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró públicamente el hito reciente de superar el millar de acuerdos, destacando la aceleración en la suscripción de Memorandos de Entendimiento con agencias locales.

El propio empuje institucional hacia la “cooperación” ha venido acompañado de aumentos presupuestales y de contratación en ICE, cambios que los medios han vinculado con la intención explícita de ampliar las deportaciones y la detención.

Las consecuencias sobre la población inmigrante —tanto legal como indocumentada— son claras y profundas.

Para inmigrantes autorizados (residentes, titulares de visa, solicitantes de asilo y otros), la proliferación de 287(g) erosiona la confianza en la policía local: Personas que antes acudían por ayuda o para denunciar delitos, ahora temen preguntas sobre su estatus y la posibilidad de ser retenidas para procesos migratorios. Para la población indocumentada, la amenaza es aún mayor. La intersección entre detenciones por faltas menores y la verificación migratoria en cárceles locales alimenta una cadena que conduce con frecuencia a la detención prolongada y a trámites de deportación.

Organizaciones de derechos civiles han documentado cómo los modelos de 287(g) —especialmente el que opera dentro de cárceles y el de órdenes de detención— permiten retenciones administrativas que pueden durar días y separar familias.

 Un ejemplo reciente pone en perspectiva estos efectos. Los condados que han firmado acuerdos con ICE reportan miles de detenciones en lo que va del año y enfrentan demandas por supuesta ilegalidad en la aplicación local de normas migratorias.

En Nueva York, por ejemplo, se reportó un plan local para alojar a miles de detenidos bajo convenios con ICE, lo que desató críticas y acciones legales por parte de organizaciones civiles.

Más allá del sufrimiento humano, están los costos públicos y la distracción de las prioridades de seguridad local. Convertir patrullas y cárceles en brazos de la política migratoria federal desvía recursos, fractura relaciones comunitarias y, según estudios previos, puede empeorar la cooperación ciudadana en la prevención del delito. Además, la dependencia de actores privados para detención y logística añade un componente de incentivos perversos que debería alarmar a cualquier comunidad preocupada por la transparencia y el gasto público.

La discusión pública requiere honestidad... si la meta es SEGURIDAD, la evidencia sugiere que la SEGURIDAD comunitaria se resiente cuando la policía se percibe como un brazo inmigratorio. Si la meta es control migratorio, 287(g) ofrece una expansión efectiva de capacidad —pero a un precio democrático y humanitario alto.

El país puede y debe debatir alternativas: recursos para servicios sociales, caminos legales racionalizados y estrategias de seguridad pública que no conviertan a la policía en una fuente de miedo. Sin ello, la delegación de poder que promueve 287(g) será recordada no por su eficacia administrativa, sino por el deterioro de la confianza que sostiene la convivencia en las ciudades donde más se necesita.