MURO ACUÁTICO

La ‘Operación River Wall’ y la Militarización del Río Bravo

La reciente activación de la "Operación River Wall" por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., en el contexto de la administración Trump, marca un giro alarmante en la política migratoria y fronteriza, transformando el Río Bravo (Grande) en una nueva y formidable barrera de contención. Este plan, que militariza un tramo significativo del río que separa a Texas de México, tiene profundas implicaciones humanitarias, soberanas y de seguridad.

¿Cómo Opera y Dónde?

La operación se enfoca principalmente en la sección del Río Bravo en el este de Texas, abarcando aproximadamente 260 millas (unos 418 kilómetros). No se trata de un muro físico tradicional, sino de una militarización acuática y tecnológica. La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG por sus siglas en inglés) ha desplegado un número sin precedentes de recursos, más de 100 embarcaciones tácticas, lanchas de aguas poco profundas, equipos de comando y control, y cientos de personal armado.

Este despliegue opera como una "fuerza multiplicadora" para disuadir, interceptar y "derrotar" la migración irregular y el tráfico de drogas. En esencia, la estrategia busca controlar el río activamente, utilizando lanchas rápidas y personal armado para someter a los migrantes antes de que puedan tocar tierra estadounidense. Esto se complementa con la construcción del llamado "Smart Wall", un sistema híbrido de barreras de acero, barreras flotantes acuáticas, caminos de patrulla, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada, con contratos adjudicados por 4 mil millones de dólares para 230 millas adicionales.

Interferencia con los Límites de México y el Riesgo Migrante

La "Operación River Wall" es altamente problemática en términos de derecho internacional y de soberanía. El Río Bravo es, en gran parte de la frontera, la línea divisoria internacional. La premisa declarada por la Guardia Costera: "Poseemos los ríos" (we own the rivers), encapsula un espíritu unilateral que desafía el estatus binacional del río, que debe ser gestionado conjuntamente según tratados. El despliegue de activos militares y la instalación de barreras acuáticas (como las boyas que Texas ya había intentado usar unilateralmente en el pasado), podrían interferir con la navegación y el flujo de agua, además de invadir potencialmente la línea media del cauce o la ribera mexicana.

Para los migrantes, la operación representa una escalada de la violencia en el cruce. Someter a las personas en el agua con barcos rápidos y personal armado convierte la travesía, ya de por sí peligrosa, en un escenario militarizado. Las boyas con púas, las lanchas interceptoras y la tecnología de detección avanzada buscan negar el acceso de manera absoluta, poniendo en riesgo la vida de aquellos que buscan asilo o cruzar la frontera, forzándolos a intentar cruces aún más remotos y peligrosos.

El río se convierte así en una trampa militarizada. La soberanía de México y la seguridad de los migrantes quedan en una posición vulnerable ante un despliegue que prioriza el control militar sobre los derechos humanos y la cooperación binacional.