Declarar Desde la Detención: Una Obligación que También es Defensa

El contexto migratorio actual en Estados Unidos, cumplir con las obligaciones fiscales no es un asunto secundario, incluso para quienes se encuentran en centros de detención. El Internal Revenue Service (IRS) no distingue estatus migratorio. La ley fiscal establece que toda persona que resida en el país y supere el umbral mínimo de ingresos debe declarar. Bajo la Prueba de Presencia Sustancial, basta con haber estado al menos 31 días en el año en curso y 183 días en un periodo de tres años para ser considerado residente fiscal. Quienes no tienen número de seguro social deben utilizar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Para una persona en proceso de remoción, declarar impuestos trasciende lo financiero. Se convierte en una pieza clave dentro de su estrategia legal. La constancia de cumplimiento contribuye a demostrar buen carácter moral, un requisito central en figuras como la cancelación de remoción o ciertos ajustes de estatus. Además, las declaraciones funcionan como evidencia documentada de presencia física continua en el país. En contraste, la omisión puede generar multas, intereses y argumentos adversos por parte de autoridades migratorias.

Una herramienta legal en medio del proceso migratorio

El proceso desde detención no es sencillo, pero es viable. Mediante un poder notarial, como el Formulario 2848, el contribuyente puede autorizar a un familiar o preparador para firmar y presentar en su nombre. En muchos casos, los abogados migratorios coordinan con contadores para cumplir antes de la fecha límite del 15 de abril de 2026. Aun así, la responsabilidad de atender notificaciones fiscales se mantiene.

Persiste el temor de que declarar implique exponerse a la deportación. Sin embargo, la Sección 6103 del código tributario limita estrictamente el uso de la información fiscal. El Internal Revenue Service no puede compartir datos con agencias como Immigration and Customs Enforcement (ICE) para fines migratorios civiles ordinarios. Aunque ha habido intentos de ampliar estos intercambios, hasta inicios de 2026 los tribunales federales han mantenido restricciones claras.