Una niña migrante abrazando un peluche en un centro de detención de Estados Unidos.
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INFANCIA BAJO ENCIERRO
El Alarmante Aumento de Menores Detenidos en Estados Unidos
La política migratoria del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos ha cruzado una línea que durante años parecía intocable. La protección mínima de la infancia. Datos recientes de ICE, recopilados por The Marshall Project , revelan que más de 6 mil niños migrantes han sido recluidos en centros de detención.
No se trata de un simple ajuste administrativo. Bajo una renovada estrategia de deportación masiva, el promedio diario de menores bajo custodia federal se multiplicó casi por 10. Complejos residenciales previamente clausurados por cuestionamientos humanitarios, como el de Dilley, Texas, han sido reabiertos para alojar a familias y menores migrantes. Paralelamente, la Casa Blanca presiona al Congreso para financiar hasta 30 mil camas destinadas al confinamiento familiar.
El costo humano de la política migratoria
El problema no sólo es moral, sino también legal. El Acuerdo Judicial de Flores establece un límite máximo de 20 días para la detención migratoria de menores. Sin embargo, más de mil 600 niños ya habrían superado ese plazo. A ello se suman denuncias de la Academia Americana de Pediatría y de legisladores demócratas sobre hacinamiento, alimentos en mal estado y deficiente atención médica en varios centros fronterizos.
La tensión aumentó en días recientes con nuevas órdenes ejecutivas orientadas a endurecer la presión sobre la población migrante, incluidas restricciones a las remesas y mecanismos para acelerar las llamadas “salidas voluntarias”. Ante ello, el gobierno mexicano instruyó a su red consular a reforzar la vigilancia jurídica sobre los menores detenidos.
Ninguna estrategia de seguridad nacional puede justificar el encierro prolongado de niños que huyen de la violencia, la pobreza o el desplazamiento forzado. Convertir la infancia migrante en herramienta de disuasión política no sólo erosiona la imagen democrática de Estados Unidos; también obliga a México y a la comunidad internacional a defender, con mayor firmeza, los derechos humanos en la frontera.
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