Esta nueva disposición del Departamento de Seguridad Nacional, impactará en lo social, falta de atención médica e impunidad en los procesos de deportación.
Esta nueva disposición del Departamento de Seguridad Nacional, impactará en lo social, falta de atención médica e impunidad en los procesos de deportación.
LLAMADO URGENTE A LAS REDES CONSULARES
Morir Fuera del Radar, la Nueva e Invisible Crueldad Migratoria de EE.UU.
La política migratoria de Estados Unidos se vuelve más opaca. El Departamento de Seguridad Nacional eliminó la directriz que obligaba a investigar y reportar las muertes de migrantes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a su liberación de un centro de detención. Al lavarse las manos sobre lo que ocurre tras cruzar las puertas de sus prisiones, Washington perfecciona el arte de la impunidad. Para la comunidad mexicana, el grueso de la población procesada, este apagón informativo es de vida o muerte.
Durante años, diversas organizaciones civiles han denunciado las liberaciones de conveniencia. Cuando un migrante enferma de gravedad debido al hacinamiento o la negligencia dentro de los centros de detención, las autoridades suelen acelerar su liberación exprés. La jugada es puramente matemática. Si la persona fallece en un hospital civil o en la calle unas horas después, técnicamente no murió bajo custodia y el historial de la prisión se mantiene limpio.
La norma eliminada se diseñó para frenar esa trampa. Al borrarla, el gobierno otorga un cheque en blanco a las corporaciones privadas que operan estas cárceles. A partir de ahora, los migrantes mexicanos en estado crítico podrán ser expulsados a la calle de manera masiva para evitar que sus decesos ensucien el conteo oficial de la administración.
Para las familias mexicanas esta decisión es un portazo en la cara de la justicia. Sin una investigación federal obligatoria, obtener expedientes clínicos o pruebas de maltrato interno se volverá una misión jurídica casi imposible. Las familias no solo absorberán los costos funerarios de un sistema que les entregó a su familiar agonizante, sino que se verán privadas del derecho elemental de saber qué ocurrió detrás de las paredes de reclusión.
Esta política traslada una enorme presión humana al Estado mexicano. La red consular se verá obligada a destinar más recursos para investigar de forma independiente los fallecimientos sospechosos, chocando contra un muro de opacidad burocrática. Borrar el rastro de la muerte no deshace la tragedia, solo la esconde de la opinión pública.