Anulación del Acuerdo Flores Afecta a los Niños Migrantes

Por Camilo Sánchez

Recientemente la jueza Dolly M. Gee aprobó la anulación parcial del Acuerdo Flores, que desde casi 30 años ha posibilitado la protección de menores migrantes bajo supervisión judicial representa un ataque directo por parte del gobierno de Joe Biden en contra de una lucha legal histórica de la comunidad migrante y defensora de derechos humanos, que ha denunciado por años las condiciones tan precarias de las detenciones y el maltrato recibido por parte de autoridades e instituciones migratorias estadounidenses de niños y niñas.

La solicitud de anulación presentada en mayo ante un tribunal federal en California se da después de la publicación del reglamento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que se presume contiene especificaciones sobre "el cuidado y tratamiento de los niños no acompañados” para que estos puedan actuar por fuera del acuerdo y asuman la custodia de menores sin compañía detenidos en su paso por la frontera. Existe la justificación de que el Acuerdo Flores excedió su propósito original y de no contar con un carácter permanente.

Abogados y organizaciones que trabajan con estos menores migrantes han expresado su desacuerdo, ya que antes de que el fallo entrar en vigor los menores contaban con la supervisión obligada por parte de las cortes judiciales a las instalaciones de custodia, pero al no entrar en el acuerdo ahora se puede ver limitada la inspección de refugios del HHS, así como el seguimiento más cercano de los niños por sus abogados para reportar cualquier situación de descuido o peligro que lleguen a sufrir. 

El punto sobre el que más hincapié se ha hecho es que si bien se habla de los centros licenciados del HHS, se obvia a los no licenciados que también trabajan para este organismo que son contratados de manera externa, que no han sido tratados, pero no limita su existencia en un sentido actual.

La historia del Acuerdo Flores se remonta a 1997 pero se origina en una serie de acusaciones de malas condiciones, maltrato y largos periodos de detención en 1980, cuando jóvenes detenidos en el pasado como la salvadoreña Jenny Lisette Flores, que ganaron una demanda presentada junto al Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL). Flores fue detenida en 1985 huyendo de la guerra civil de su país por la Patrulla Fronteriza, sufriendo de humillación y abuso de autoridad a la hora de su inspección.

La existencia del acuerdo provocó que de un cuestionamiento directo al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y que desde ese momento se cuidaran una serie de cuidados como comida, agua, baños, ventilación y salud, además de que que cualquier menor detenido fuera entregado de manera inmediata a algún familiar u organización en pos de ser lo menos restrictivos posible.

No solo Biden ha querido meter mano al acuerdo; ya en el 2019 bajo el gobierno de Donald Trump se inició un proceso para su eliminación definitiva, empezando por declaraciones en eventos públicos donde señalaba una mala decisión del juez Flores diciendo que era una pésima medida, dejando al descubierto el desconocimiento total del origen de este (ya que el nombre del acuerdo no proviene del juez) y la toma de decisiones de manera irracional al tratar cualquier política que aborde la crisis migrante.

Los migrantes latinoamericanos y del Caribe menores de edad representan un cuarto de la población total que busca cruzar la frontera estadounidense, hasta abril de este año se registraron 7 mil 708 personas repatriadas a México contando con un incremento año tras año. Es preciso poner atención en qué condiciones se encuentran después de una detención, velando por garantizar una estancia digna en un proceso que ya es de por sí traumático. 

El avance de esta modificación al acuerdo impulsada por demócratas y el gobierno de Biden van de la mano de un constante avance en medidas restrictivas para los migrantes desde el inicio de su gobierno y agravadas por una crisis humanitaria que se presenta al mismo tiempo de unas elecciones profundamente influidas por el tema migrante, donde tristemente quien va a salir mejor parado no va a ser quien presente propuestas que dignifiquen a la persona, sino quien presente medidas placebo a corto plazo que respondan al racismo y xenofobia que enfrentan los migrantes por parte de la población estadounidense fomentada por su mismo gobierno.

*  Camilo Sánchez estudia la licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.