La crisis migratoria enfrentada actualmente por los Estados Unidos, es base fundamental para la arremetida republicana en contra el gobierno del Presidente Joseph Biden, en la ruta preparatoria para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre de este año en ese país. 

Esto ha llevado a que los oponentes republicanos del presidente demócrata generen argumentaciones varias en torno a la constitución estadounidense y su supuesto incumplimiento por parte del gobierno federal, o incluso en cuanto a la necesidad de modificarla eventualmente, como lo ha propuesto el expresidente Donald Trump, para restringir las posibilidades de obtención de la ciudadanía estadounidense de los migrantes y de sus hijos nacidos en los Estados Unidos.

Los detractores republicanos de la administración del Presidente Biden argumentan que el gobierno federal ha fallado en proteger la soberanía del territorio nacional de los Estados Unidos en contra de cualquier tipo de invasión, como lo mandata la Constitución en su artículo 4 sección 4. Tales detractores argumentan que la inmigración indocumentada es un tipo de invasión, y que al fallar el gobierno federal en detenerla, cada Estado de la Unión Americana adquiere el derecho de establecer sus propias estrategias para defender su territorio de la inmigración “invasora”, como lo ha buscado hacer el gobernador Greg Abbot mediante las diversas medidas que ha instrumentado en la frontera de Texas con México.

Cabe recordar que el gobernador Abbott mandó colocar boyas con alambre de púas y navajas en el Río Bravo, y también ha dotado de capacidad persecutoria contra los inmigrantes indocumentados a la policía local, además de buscar militarizar la frontera con México. Todo esto ha sido declarado por el gobierno federal como ilegal, e incluso una Corte Federal ha generado un veredicto en el que se ordena que el gobernador Abbott retire las boyas del Río Bravo.

A pesar de lo anterior, diversos líderes republicanos texanos han expresado su apoyo al gobernador Abbott y a sus medidas antiinmigrantes realizadas con el argumento de que el gobierno federal no está cumpliendo con el mandato constitucional estadounidense de proteger adecuadamente el territorio nacional, al ver en la inmigración indocumentada una amenaza inminente a la soberanía.

Por otra parte, la búsqueda de la destitución de Alejandro Mayorkas como Secretario de Seguridad Nacional --que ha tenido éxito por lo pronto en la Cámara de Representantes, con el apoyo de los representantes republicanos y con un solo voto de diferencia por mayoría simple (la mitad más uno de los 435 integrantes de la Cámara)--, evidencia la estrategia emprendida por el partido republicano para impactar negativamente en el gobierno demócrata de la Casa Blanca. Claro que aún falta que la destitución prospere en el Senado, adonde se requiere dos terceras partes de sus 100 integrantes (mayoría calificada) a favor de la destitución, lo cual se augura prácticamente imposible, debido a la mayoría demócrata en la Cámara  Alta. 

Sin embargo, ya el logro de pasar la destitución en la Cámara Baja, aunque sea solo por un voto de diferencia, ha alentado a los republicanos para arremeter aún más en su discurso antiinmigrante y en la supuesta negligencia de Mayorkas para atender la crisis migratoria en la frontera con México, pues desde 2021 a la fecha se calcula que han ingresado a los Estados Unidos, de manera indocumentada o “ilegal” alrededor de 6 millones 500 mil personas.

Por último, las declaraciones del expresidente Donald Trump que de llegar nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, buscaría cambiar la Constitución de modo que los hijos de los migrantes no puedan obtener la ciudadanía estadounidense solo por el hecho de haber nacido en esa nación, ha generado amplio debate en cuanto al tema entre la clase política y en académica. 

La Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos dota del derecho a la ciudadanía a toda persona que haya nacido dentro del territorio estadounidense o que haya sido naturalizada sin menoscabo de su condición social o de su origen étnico y social. Las provisiones de equidad y de inclusión y apertura para la ciudadanía y la naturalización han sido un gran logro histórico en los Estados Unidos derivado de la defensa de los derechos civiles, sobre todo en favor de quienes provenían de haber sido esclavos o hijos de esclavos, luego de la abolición de la esclavitud en el siglo 19. La medida implica que ningún Estado en la Unión Americana puede impedir la obtención de la ciudadanía por nacimiento de ninguna persona, así sean sus padres inmigrantes indocumentados, y tampoco pueden impedir la naturalización de las personas en tanto cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno federal. 

Lo anterior lleva a que perspectivas como la del expresidente Trump sean retrógradas (como cuando en el siglo 19 se negaba la ciudadanía por nacimiento a diversos sectores sociales) y violenten años de lucha histórica en defensa de los derechos civiles y de la inclusión de todas las personas que son base importante para que los Estados Unidos sea considerada una nación paradigmática de la democracia y de las libertades individuales entre las naciones del mundo entero. 

*  Emilio Coral García es doctor en historia (graduado con distinción) y maestro en estudios latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior “Edmund A. Walsh” de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adonde participó en el proyecto El México de fuera: la comunidad mexicano-americana en los Estados Unidos. Entre diversas publicaciones, es cocoordinador, junto con Claude Heller, del libro El impacto sociocultural del fenómeno migratorio en Michoacán.También es co-autor junto con Heriberto Galindo Quiñones del libro Drama y odisea de la migración mexicana. Se encuentra afiliado al Instituto para el Estudio de la Migración Internacional (ISIM) de la Universidad de Georgetown.Ha impartido múltiples conferencias y talleres en materia de relaciones internacionales y educativa tanto en México, como en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Francia y Puerto Rico.