LA INVERSIÓN EN LA MAQUINARIA DE DEPORTACIÓN

Alas de Acero Sobre Nuestros Sueños

La noticia ha caído como un balde de agua fría, pero la comunidad migrante mexicana y latinoamericana debe afrontarla con información y determinación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos acaba de firmar un contrato por cerca de 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta adquisición no es una simple transacción comercial; representa un salto estructural en la estrategia de remoción que impulsa la actual administración. Hasta ahora, la mayoría de los vuelos de deportación se realizaban mediante aviones chárter contratados a compañías privadas. Con esta compra, el DHS tendrá su propia flota, reduciendo la dependencia de terceros y otorgando mayor control sobre rutas, frecuencias y costos logísticos.

Las autoridades lo presentan como un plan de “ahorro” para el contribuyente y una forma de “hacer más eficientes” los vuelos de deportación. Según declaraciones oficiales, la operación directa de estos aviones podría generar un ahorro en comparación con el uso exclusivo de aviones chárter.

Pero para la comunidad migrante, esta lógica de eficiencia es una espada de doble filo ya que más eficiencia en deportaciones significa más deportaciones, más familias separadas y más sueños truncados.

Un avión propio significa la capacidad de operar rutas sin depender de terceros, lo cual se traduce en la intensificación del ritmo de expulsiones y la institucionalización de la deportación como un proceso rutinario y estructural. En el contexto político actual, donde los pronunciamientos oficiales priorizan la expulsión de personas sin estatus migratorio, esta inversión refuerza la idea de que la política migratoria se ha centrado en la mano dura en lugar de buscar soluciones humanas e integradoras.

¿Qué significa esto para nuestras comunidades?

Que la maquinaria de deportación se vuelve más robusta no es solo un titular de periódico. Es una realidad que puede afectar la vida de miles de familias que han construido sus vidas en Estados Unidos: Padres y madres de familia, estudiantes, trabajadores esenciales y contribuyentes que sostienen economías locales desde los campos agrícolas hasta los servicios urbanos.

Ante esta nueva realidad que busca institucionalizar la expulsión masiva, el miedo es una reacción natural, pero la parálisis no es una opción. Nuestra respuesta como comunidad debe ser unidad y preparación. Informarnos sobre nuestros derechos, buscar asesoría legal confiable y fortalecer redes de apoyo comunitario son pasos esenciales para enfrentar estos desafíos. No somos simplemente etiquetas políticas, somos personas con dignidad, historias y sueños.

El gobierno puede comprar aviones de acero y metal, pero no puede comprar nuestra resiliencia ni dividir el espíritu de una comunidad que ha cruzado fronteras con esperanza. Mantengámonos informados, unidos y preparados. No permitiremos que el miedo dicte nuestro futuro.

Nora Oranday, Coordinadora de Acción en Plenitud para Adultos Mayores del Partido Acción Nacional