UN MURO MÁS ALTO

El País que se Cierra y el Vecino que se Resiste

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien anunció su intención de “pausar permanentemente” la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de lo que él denomina “países del tercer mundo”, reavivan el viejo fantasma de la exclusión como política de Estado. Más allá del impacto inmediato en la política migratoria estadounidense, el mensaje es claro y contundente: Estados Unidos desea redefinir quién es digno de entrar, vivir e incluso permanecer en su territorio. Y esa redefinición tiene consecuencias directas para México.

La ambigüedad del concepto “tercer mundo” no es accidental. En términos políticos, funciona como una categoría elástica que permite al gobierno estadounidense decidir discrecionalmente qué nacionalidades considerar riesgosas o prescindibles. Para millones de migrantes, incluidos cientos de miles de mexicanos con procesos pendientes de residencia, visas o asilo, constituye una amenaza real a su estabilidad jurídica. La revisión masiva de green cards, la suspensión de beneficios federales para no ciudadanos y la posibilidad de revertir estatus ya otorgados abren un periodo de profunda incertidumbre.

Para los mexicanos que viven en Estados Unidos, especialmente los que carecen de documentos o se encuentran en procesos de regularización, la señal es clara, cualquier resquicio de seguridad migratoria puede evaporarse. La estigmatización que acompaña estas políticas no solo alimenta la xenofobia cotidiana; también justifica prácticas de control más agresivas, desde detenciones arbitrarias hasta deportaciones aceleradas.

El impacto para México también es considerable. Cada vez que Washington endurece su política migratoria, nuestro país recibe una ola de retornos forzados que los gobiernos locales difícilmente están preparados para atender. Las ciudades fronterizas se saturan, los servicios sociales colapsan y miles de familias se reencuentran en condiciones de precariedad. A esto se suma un golpe económico potencial: Las remesas, que han sido una válvula de escape para millones de hogares mexicanos, podrían disminuir si aumenta la inestabilidad laboral o legal de nuestros connacionales.

Pero quizá el impacto más profundo es simbólico. Las declaraciones de Trump sostienen una narrativa que reduce a regiones enteras del mundo a categorías de amenaza o carga. Ese discurso, replicado sin crítica, erosiona valores fundamentales de las sociedades democráticas y legitima políticas discriminatorias que castigan la pobreza y criminalizan la movilidad humana.

En un momento en el que Estados Unidos opta por cerrar puertas, México enfrenta un reto doble, defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior y el de construir un país que no necesite expulsar a los suyos para que puedan vivir con dignidad. La migración no es un delito; es una consecuencia. Ignorar esa diferencia es levantar, desde ambos lados de la frontera, un muro más alto que el de concreto, el de la indiferencia.

Nora Oranday, Coordinadora de Acción en Plenitud para Adultos Mayores del Partido Acción Nacional