DONALD TRUMP AMENZA CON INVOCAR LA LEY DE INSURRECCIÓN

Minnesota Bajo la Sombra del Autoritarismo

El gélido invierno de Minnesota ha dejado de ser la principal preocupación para sus habitantes. Hoy, el Estado se encuentra en el centro de una tensión mucho más profunda y peligrosa, una crisis constitucional que amenaza con redefinir los límites del poder presidencial en Estados Unidos. Tras incidentes violentos recientes que involucraron a agentes federales y el aumento de protestas en Minneapolis, una nueva declaración de Donald Trump encendió todas las alarmas: la amenaza de invocar la Ley de Insurrección de 1807.

No se trata de una hipérbole ni de un arrebato discursivo. La sola mención de esta ley, una de las herramientas más extremas del poder ejecutivo, representa un desafío directo a la soberanía estatal y, sobre todo, una advertencia ominosa para las comunidades migrantes. En particular, para la población mexicana que vive y trabaja en Minnesota, la amenaza equivale a vivir bajo la sospecha permanente de ser tratada como un enemigo interno.

La Ley de Insurrección permite al presidente desplegar tropas militares activas en territorio nacional para tareas de control interno, eludiendo las restricciones de la Ley Posse Comitatus que separa a las fuerzas armadas de la seguridad civil. Al calificar a manifestantes y autoridades locales como “corruptos” o “agitadores profesionales”, Trump construye el marco legal y simbólico necesario para justificar la militarización de las calles. El lenguaje no es casual, prepara el terreno para una narrativa de ocupación.

Para la comunidad mexicana en ciudades como Minneapolis y Saint Paul, las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. La militarización de la vida cotidiana borra la ya frágil línea entre seguridad pública y persecución migratoria. En un contexto así, el debido proceso se vuelve maleable, cuando no irrelevante. Las detenciones arbitrarias, los cateos sin orden judicial y la vigilancia masiva dejan de ser excepciones para convertirse en norma. A esto se suma un clima de terror alimentado por una retórica de castigo y “retribución” que criminaliza, de facto, a quien no encaje en una noción estrecha y excluyente de patriotismo.

Minnesota alberga una comunidad mexicana activa y esencial para su economía agrícola, alimentaria y de servicios. Sin embargo, el despliegue reciente de miles de agentes migratorios bajo el pretexto de investigar fraudes ya ha transformado barrios enteros en zonas de miedo. Los testimonios sobre personas detenidas en sus vehículos o en sus hogares, sin claridad legal, se acumulan. La invocación de la Ley de Insurrección llevaría esta dinámica a un punto sin precedentes. El temor al “camión verde” de migración se transformaría en el miedo al fusil y al uniforme militar.

El resultado sería la invisibilidad forzada de miles de familias, trabajadores que dejan de presentarse a sus empleos, niños que no asisten a la escuela, personas que evitan hospitales y servicios básicos. Una crisis humanitaria silenciosa que el gobierno estatal intenta contener, mientras desde Washington se aviva deliberadamente.

Lo que ocurre hoy en Minnesota no es un episodio aislado, sino un ensayo de control social. Si se normaliza el uso de la Ley de Insurrección para sofocar protestas vinculadas a operativos migratorios, el precedente se extenderá a otras ciudades. Para el inmigrante mexicano, el mensaje es brutalmente claro: Su sola presencia puede ser tratada como una amenaza que justifica métodos de guerra. En ese filo jurídico se juegan hoy tanto la democracia estadounidense como la seguridad de millones de familias.

Nora Oranday, Coordinadora de Acción en Plenitud para Adultos Mayores del Partido Acción Nacional