El Exterminio Silencioso

¿Crisis migratoria? Más bien Crisis Moral en el Gobierno Mexicano

México ha perfeccionado el arte de la simulación: Mientras el discurso oficial predica hospitalidad, la realidad en las fronteras revela una aduana de la crueldad.

La retórica gubernamental habla de movilidad humana “ordenada y segura”. Los boletines del Instituto Nacional de Migración (INM) enumeran rescates, operativos, cifras pulcras. Pero en el polvo de las vías y en las carreteras del sur, lo que se respira no es orden: Es miedo. Las estadísticas oficiales registran cientos de miles de personas “presentadas” ante la autoridad cada año; sin embargo, cuando se trata de delitos cometidos contra ellas, el número se contrae hasta volverse casi simbólico.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y abusos sistemáticos en operativos migratorios. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones por hacinamiento, negligencia médica y condiciones indignas en estaciones migratorias. No hablamos de rumores; hablamos de expedientes, testimonios, inspecciones formales y sin embargo, el relato oficial insiste en la excepcionalidad. Como si la violencia fuera un error administrativo y no una consecuencia estructural. Como si la omisión fuera un simple descuido y no una construcción del olvido. Lo que no se denuncia  -porque denunciar implica exponerse a la deportación o a represalias- no entra en la contabilidad del Estado. Y lo que no entra en la contabilidad, desaparece. Así se fabrica la invisibilidad.

La violencia como peaje

El tránsito por México se ha convertido en una ruta tarifada por el miedo. Desde hace más de una década, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre secuestros masivos de migrantes en el territorio nacional. Casas de seguridad, rescates colectivos, llamadas de extorsión que cruzan fronteras no son escenas aisladas, son un patrón documentado.

La militarización del control migratorio, particularmente tras el despliegue de la Guardia Nacional en tareas de contención, fue presentada como una estrategia para recuperar el orden. Pero diversos organismos han advertido que colocar fuerzas de perfil militar en funciones migratorias incrementa el riesgo de abusos cuando no existen contrapesos civiles eficaces. El flujo no se detuvo; se volvió más clandestino, más costoso, más peligroso.

Cada retén encarece el viaje. Cada operativo dispersa a las caravanas y obliga a tomar rutas más inhóspitas. Y en ese desplazamiento hacia la sombra florecen las redes de tráfico y extorsión. El cuerpo del migrante se convierte en moneda de cambio, mercancía para el secuestro, instrumento de chantaje, estadística manipulable. La violencia deja de ser accidente; se vuelve peaje.

Al mismo tiempo, México ha registrado cifras históricas de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Miles no están de paso, buscan refugio y la capacidad institucional no ha crecido al ritmo del éxodo. El resultado es un limbo administrativo que condena a la espera interminable, a la precariedad, a la exposición constante. El derecho existe en el papel; en la práctica, se diluye entre sellos y retrasos.

El blindaje del poder y el espejo de la orfandad

La tragedia del 27 de marzo deL 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez dejó 40 hombres muertos bajo custodia del Estado. Las imágenes del incendio -las puertas cerradas, el humo invadiendo el encierro- no fueron una metáfora, se convirtieron en una acusación directa.

El entonces titular del INM, Francisco Garduño, enfrentó un proceso judicial, pero su permanencia prolongada en funciones y su reciente reubicación en otro cargo público proyectaron un mensaje devastador: La estructura protege a los suyos con mayor eficacia de la que protege a los vulnerables. No fue solo un incendio; fue la evidencia de un modelo basado en el encierro como política de contención.

Cuando el Estado priva de la libertad, asume la responsabilidad absoluta sobre la vida que encierra. Esa noche, esa responsabilidad ardió. Y con ella ardió la confianza mínima que debería sostener cualquier política pública.

La ironía es más dolorosa cuando recordamos que entre las víctimas de la violencia en rutas migratorias hay también mexicanos desplazados por la violencia interna. La frontera se ha vuelto una línea móvil que atraviesa el país entero. La violencia no distingue nacionalidades; distingue vulnerabilidades.

¿Seremos capaces de sostener la mirada? México no solo enfrenta una crisis migratoria; enfrenta una crisis moral. Mientras el poder cubra la herida con adjetivos decorativos y estadísticas incompletas, la esperanza seguirá desangrándose en silencio.

Y el silencio, cuando se institucionaliza, también es una forma de violencia.