SIN FIRMA DEL JUEZ ¿ES EL HOGAR EL ÚLTIMO REFUGIO?

ICE y la Erosión Silenciosa del Estado de Derecho

La revelación de un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), difundido por Associated Press y replicado por medios como PBS y El País, ha encendido una alarma que trasciende el debate migratorio. El documento instruye a agentes federales a entrar por la fuerza en domicilios particulares sin orden judicial, bajo el argumento de que una orden administrativa de deportación es suficiente. No se trata de un tecnicismo burocrático, es una redefinición peligrosa del alcance del poder del Estado frente al individuo.

La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense es clara al proteger a las personas contra registros e incursiones arbitrarias en sus hogares. Históricamente, la jurisprudencia ha distinguido entre órdenes administrativas, válidas para procesos civiles como la inmigración, y órdenes judiciales, indispensables para irrumpir en un domicilio. La directiva de ICE intenta borrar esa frontera, apoyándose en una interpretación expansiva del debido proceso migratorio ya agotado.

Expertos constitucionales citados por PBS han advertido que una orden administrativa no equivale a la autorización de un juez independiente. Permitir que una agencia federal se otorgue a sí misma la facultad de entrar en casas privadas rompe el principio básico de contrapesos. El hogar, incluso para quien enfrenta una deportación, sigue siendo el último reducto de privacidad protegido por la ley.

Las consecuencias de esta política no son hipotéticas. En Minnesota, un ciudadano estadounidense fue sacado de su casa en condiciones extremas durante un operativo migratorio, según documentó The Guardian. El error de identidad no es una anomalía, es el riesgo inherente cuando se normalizan procedimientos sin supervisión judicial. En este contexto, la nacionalidad o el estatus legal dejan de ser un escudo efectivo frente al abuso.

ICE y el Departamento de Seguridad Nacional sostienen que estas medidas son necesarias para hacer cumplir la ley y evitar que personas con órdenes finales de deportación evadan a las autoridades. Sin embargo, la eficacia no puede justificar la erosión de garantías constitucionales. La historia legal de Estados Unidos demuestra que los atajos en nombre de la seguridad terminan debilitando la confianza pública en las instituciones.

 Más inquietante aún es la opacidad con la que el memorando fue distribuido, limitado a funcionarios selectos y sin un debate público previo. Legisladores y organizaciones civiles han exigido audiencias y revisiones judiciales, conscientes de que el precedente que se establezca podría extenderse más allá del ámbito migratorio.

La pregunta de fondo es sencilla pero incómoda: si el Estado puede entrar en un hogar sin un juez por razones administrativas, ¿qué otras protecciones pueden relativizarse mañana? Defender la legalidad no implica ignorar la complejidad migratoria; implica recordar que el Estado de derecho solo existe si se aplica incluso cuando resulta incómodo.

Nora Oranday, Coordinadora de Acción en Plenitud para Adultos Mayores del Partido Acción Nacional