La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no representa un simple relevo en la cima del crimen organizado. De confirmarse plenamente y consolidarse su ausencia operativa, estaríamos ante un reacomodo violento que impacta directamente a los migrantes en tránsito y a quienes han elegido México como destino.

La experiencia mexicana demuestra que la fragmentación de un cártel no elimina la violencia, la redistribuye y con frecuencia la intensifica. La captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera detonaron disputas internas en Sinaloa. Más recientemente, la detención de Ismael Zambada García generó una nueva ola de violencia en esa entidad, con reacomodos armados y ajustes de cuentas que exhiben la fragilidad de los equilibrios criminales. El posible vacío tras Oseguera se inscribe en esa lógica, pero con un elemento adicional, el negocio migratorio se ha convertido en una pieza central de financiamiento y control territorial.

Reclutamiento Forzado

 En un escenario de guerra de sucesión, el migrante deja de ser únicamente una fuente de extorsión y se transforma en recurso estratégico. La leva ya no es improvisada ni marginal. Se ha vuelto un mecanismo sistemático de abastecimiento de mano de obra armada.

Grupos criminales han sofisticado la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. Perfiles falsos ofrecen empleos de seguridad privada o trabajos agrícolas con pago en dólares y alojamiento incluido. La promesa de estabilidad seduce a jóvenes que huyen de crisis económicas o violencia en sus países de origen. La trampa digital reemplaza al enganche callejero.

En paralelo continúan los secuestros selectivos en carreteras y centrales de autobuses. Hombres jóvenes, particularmente entre 18 y 35 años, son separados del resto de los grupos bajo criterios físicos o por sospecha de experiencia previa en fuerzas armadas. En contextos de fragmentación interna, la necesidad de demostrar fuerza acelera este reclutamiento.

La llamada deuda de paso funciona como otro mecanismo coercitivo. Cuando un migrante no puede cubrir la cuota exigida para cruzar una plaza, se le ofrece “trabajar” para saldarla. Esa deuda rara vez tiene fin. El resultado suele ser incorporación forzada a tareas de vigilancia, halconeo o incluso combate directo. En escenarios extremos, cuando una facción decide limpiar territorio para evitar que recursos humanos queden en manos rivales, los retenidos pueden convertirse en víctimas de ejecuciones masivas.

Las Rutas del Riesgo

La muerte de un liderazgo vertical transforma el mapa criminal en un tablero inestable donde las reglas cambian cada pocos kilómetros. La feudalización de la cuota es uno de los efectos más inmediatos. Antes un pago podía garantizar el tránsito por un Estado bajo control relativamente centralizado. En un entorno fragmentado, cada jefe local impone su propio cobro, lo que triplica costos y aumenta abandonos en zonas remotas.

El corredor del Pacífico, que abarca Jalisco, Nayarit y Sonora, podría convertirse en epicentro de disputas internas. En esas áreas serranas el riesgo no se limita a la extorsión, incluye adiestramiento forzado y utilización de migrantes para tareas de vigilancia en laboratorios o campamentos.

En la ruta del Golfo, particularmente en Veracruz y Tamaulipas, el peligro histórico de secuestro se combina con la posibilidad de incursiones de grupos rivales que busquen arrebatar plazas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El migrante puede quedar atrapado en fuego cruzado o ser utilizado como escudo humano en enfrentamientos.

El Istmo de Tehuantepec se ha consolidado como embudo migratorio. Si las rutas del norte se paralizan por narcobloqueos y enfrentamientos, miles de personas se concentran en Oaxaca y Chiapas. Esa acumulación crea un inventario vulnerable para redes criminales locales que negocian personas como mercancía intercambiable.

A esto se suma la invisibilidad institucional. Cuando las fuerzas federales concentran recursos en contener violencia urbana, disminuye la presencia en vías ferroviarias y brechas rurales. Es en esos espacios donde históricamente han ocurrido desapariciones masivas y levas silenciosas.

Perspectivas ¿Qué va a pasar ahora?

 Los próximos meses podrían estar marcados por violencia demostrativa. Sin un mando consolidado, las células necesitan exhibir control territorial para no ser absorbidas por rivales o neutralizadas por el Estado. Esa competencia se traduce en retenes ilegales, bloqueos y ajustes de cuentas que afectan de manera desproporcionada a quienes no tienen redes de protección.

El tránsito se volverá más caro, más fragmentado y más impredecible. La feudalización de cobros incrementará la deuda de los migrantes con traficantes, lo que a su vez elevará el riesgo de abandono o venta a otras células. El canibalismo criminal podría intensificarse si las facciones disputan casas de seguridad o campamentos, con consecuencias letales para quienes permanecen retenidos.

La muerte o captura de un capo no equivale a la desarticulación del sistema que lo sostenía. La experiencia en Sinaloa tras la detención del “Mayo” demuestra que los vacíos de poder suelen llenarse con violencia expansiva. Si el Estado no ocupa de manera inmediata y sostenida los territorios en disputa con presencia civil efectiva, protección humanitaria y vigilancia rural, el migrante seguirá siendo el combustible de una guerra que no eligió. En un país donde la fragmentación redefine fronteras invisibles, cada kilómetro del trayecto puede convertirse en territorio hostil.