La Niñez Enfrenta Políticas de Terror en la Era Trump

Por Camilo Sánchez *

Ser niño migrante en Estados Unidos, en plena era Trump, es vivir entre el miedo y la incertidumbre. Bajo un discurso que criminaliza la movilidad humana y endurece la vigilancia interior, la niñez migrante sin importar su estatus, legal o indocumentado, enfrenta una cotidianidad atravesada por la ansiedad, la pérdida y el trauma. Las políticas migratorias no sólo separan familias o cierran refugios; fracturan la estabilidad emocional de una generación que aprende que su hogar puede desaparecer en cualquier momento.

Durante este mandato, el gobierno de Donald Trump ha reactivado con fuerza su aparato de control migratorio. Las redadas del ICE se han multiplicado, los operativos en vecindarios y centros de trabajo se han vuelto más agresivos y los espacios antes considerados zonas seguras (escuelas, hospitales, templos) han perdido esa categoría. La intención es clara: Sembrar la incertidumbre como forma de control. Pero sus efectos más devastadores no se miden en cifras de detenciones, sino en las huellas psicológicas que dejan en los niños.

La infancia migrante, especialmente en comunidades latinas, vive con un miedo que se hereda. No es solo el temor a ser deportado, sino el terror constante de que mamá o papá no vuelvan a casa. Cada sirena, cada patrulla, cada noticiero puede convertirse en una amenaza silenciosa. Este clima de miedo ha derivado en lo que psicólogos comunitarios describen como “estrés tóxico” que no es otra cosa que una exposición prolongada al temor que altera el desarrollo neurológico, cognitivo y emocional.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los niños con padres detenidos o deportados presentan niveles mayores de depresión, insomnio, ansiedad y problemas de conducta. Lo más alarmante es que estos síntomas no siempre aparecen tras una detención, sino por el contexto de amenaza constante.

Vivir sabiendo que la policía migratoria puede irrumpir en cualquier momento, que la escuela puede dejar de ser refugio o que una llamada del gobierno puede ser una sentencia, genera un estado de alerta permanente.

Las redadas migratorias, grabadas y difundidas en redes, se han convertido en escenas traumáticas. Cuando un agente del ICE esposó a un padre frente a su hija de siete años en Las Vegas, el video recorrió el mundo. Pero lo que las cámaras no mostraron fue el silencio de esa niña, su miedo a dormir sola y su mutismo en la escuela durante semanas. Especialistas en salud mental infantil han documentado que presenciar detenciones o deportaciones tiene un impacto emocional equiparable al de un desastre natural o un acto de violencia armada.

El trauma no termina cuando la familia es separada. Muchos niños quedan al cuidado de parientes o en hogares temporales, enfrentando una segunda ruptura, la pérdida de vínculos y rutinas. Algunos, incluso siendo ciudadanos estadounidenses, viven con la angustia de que sus padres sean deportados, lo que los deja en un limbo identitario. Son ciudadanos que crecen sintiéndose indeseados por el país que los vio nacer.

Las políticas migratorias de la era Trump también han restringido el acceso a servicios esenciales. Muchas familias temen acudir a hospitales o clínicas, aun cuando sus hijos presentan síntomas de ansiedad o depresión. La posibilidad de que su información sea compartida con autoridades migratorias hace que el silencio se imponga sobre la búsqueda de ayuda. Este aislamiento agrava los cuadros de salud mental infantil y perpetúa su invisibilidad.

En los centros de detención, la situación es aún más grave. A pesar de las denuncias internacionales, continúan las detenciones de menores y familias bajo condiciones inhumanas. La falta de atención psicológica, el confinamiento prolongado, la sobrepoblación y la ausencia de acompañamiento emocional hacen de estos lugares entornos que profundizan el daño psíquico. Estudios del Migration Policy Institute señalan que el 62 por ciento de los menores detenidos presenta síntomas compatibles con estrés postraumático. Algunos, al ser liberados, desarrollan fobias al encierro o ataques de pánico ante figuras uniformadas.

Sin embargo, ante este panorama sombrío, también han surgido formas de resistencia. Psicólogos, educadores y activistas han creado redes de acompañamiento emocional y programas escolares centrados en la resiliencia infantil. En Los Ángeles, el proyecto “Safe Haven Classrooms” ofrece espacios terapéuticos donde los niños pueden expresar el miedo y reconstruir la confianza. En Texas, organizaciones comunitarias imparten talleres de juego y arte como herramientas de sanación emocional.

Aun así, el problema de fondo sigue siendo político. No basta con brindar apoyo psicológico si el Estado continúa promoviendo políticas que generan terror. La salud mental infantil de los migrantes es, en última instancia, un indicador del tipo de país que Estados Unidos está construyendo. Una nación que permite que sus niños crezcan con miedo no puede presumir de estabilidad ni de justicia.

En la era Trump, la incertidumbre se ha institucionalizado como arma de control. Pero también ha revelado la capacidad de adaptación de una infancia que, pese al miedo, sigue soñando, jugando y resistiendo. Los niños migrantes son, quizá sin saberlo, el rostro más claro de una lucha que no busca privilegios, sino el derecho básico a vivir sin miedo.

*  Camilo Sánchez estudia la licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco