LA TRAICIÓN EN EL SURCO

Donald Trump Precariza el Campo para Salvar la Cosecha

La administración actual construyó su narrativa prometiendo una fuerza laboral "100 por ciento estadounidense" y salarios más altos mediante deportaciones masivas. Sin embargo la realidad económica de los campos de cultivo se impuso rápidamente a la retórica política. El propio presidente reconoció el fracaso de su plan inicial al admitir públicamente que "no podemos dejar que nuestros agricultores no tengan a nadie" e incluso sugirió que los trabajadores migrantes hacen esta labor "naturalmente". Tras vaciar las zonas agrícolas y amenazar la estabilidad de la producción de alimentos el gobierno echó marcha atrás silenciosamente el 1 de enero de este año. La solución fue contradictoria y consistió en expandir desesperadamente el programa de visas temporales H-2A para migrantes.

Un negocio redondo a costa del salario

Esta medida de emergencia busca salvar la cosecha pero lo hace a un costo inaceptable para los trabajadores. Aunque Trump aseguró a la prensa que buscaría la manera de que los agricultores "se hagan cargo" y avalen a sus empleados, las nuevas reglas simplemente permiten a las corporaciones agrícolas contratar a más extranjeros pagando menos. No es una suposición ya que los datos del Economic Policy Institute (EPI) son contundentes. Estos cambios representan un recorte salarial directo de aproximadamente 2 mil millones de dólares anuales para los propios trabajadores con visa H-2A.

Pero el daño no se detiene ahí. Al abaratar la mano de obra extranjera se genera una presión a la baja que costará alrededor de 3 mil millones de dólares en pérdidas salariales para los empleados agrícolas locales. En Estados clave como California la traición al trabajador nacional es palpable. Empleados con experiencia que ganaban 19 dólares por hora están siendo recontratados apenas por el salario mínimo de 16.90 dólares y enfrentan además nuevas deducciones por vivienda que antes no existían.

El campo depende profundamente de los migrantes pues cerca del 40 por ciento de los 2 millones de campesinos carecen de documentos legales. En lugar de reconocer su valor y ofrecer estabilidad, la administración Trump ha optado por institucionalizar la precariedad bajo el disfraz de programas legales temporales.

Como él mismo prometió en meses recientes su plan era "frenar un poco las cosas para ellos y luego traerlos de vuelta como legales" lo cual en la práctica se tradujo en mano de obra deliberadamente abaratada. No se trata de un rescate económico nacional sino de una transferencia masiva de riqueza de los campesinos a las grandes corporaciones agroindustriales mediante la explotación del sudor ajeno.