Oficiales de ICE escoltan a un migrante detenido. Las condiciones en los centros de detención operados por empresas privadas han desatado denuncias internacionales por negligencia y muertes bajo custodia.
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La Crisis de la Custodia Migratoria: Mexicanos Muertos Bajo ICE
La muerte de mexicanos bajo custodia o durante operativos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser una sucesión de casos aislados. A agosto del 2026, el Gobierno de México documenta 17 fallecimientos ocurridos desde mayo de 2025. De ellos, 14 sucedieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.
La cifra revela también un problema de transparencia. En abril, cuando falleció Alejandro Cabrera Clemente, México reportaba 15 mexicanos muertos en situaciones relacionadas con ICE. La propia documentación pública muestra que el registro de los casos ha ido creciendo conforme ocurren nuevas muertes y se esclarecen las circunstancias.
El problema no es solamente cuántos han muerto, sino qué ocurrió antes de cada fallecimiento y quién debe responder cuando existen indicios de negligencia, falta de atención médica o condiciones inadecuadas.
Cuando la Atención Médica llega Demasiado Tarde
Entre los casos registrados en 2026 está el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió en marzo mientras permanecía bajo custodia en Florida. Su fallecimiento fue el decimotercero de una persona mexicana registrado ese año en centros de detención, según los reportes difundidos entonces.
Otro caso es el de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, trabajador de la construcción en Los Ángeles. Fue detenido en enero y trasladado al centro de Adelanto, California. De acuerdo con la documentación revisada por medios estadounidenses, durante su permanencia presentó un deterioro de salud que incluyó una convulsión y alteraciones renales y de coagulación. Murió el 27 de febrero.
Los casos han puesto especial atención sobre los centros operados por empresas privadas. Una investigación publicada en julio documentó que seis de los 17 fallecimientos registrados por México estuvieron relacionados con complicaciones médicas, varios de ellos en instalaciones administradas por GEO Group o CoreCivic.
Esto plantea una pregunta que trasciende la situación migratoria de las víctimas: ¿qué nivel de responsabilidad existe cuando una persona detenida depende completamente del Estado y de sus contratistas para recibir atención médica?
Una Crisis que También Alcanza la Salud Pública
Las condiciones dentro de estos centros han dejado de ser únicamente un asunto de derechos humanos para convertirse también en un problema de salud pública.
El 19 de agosto, la Fiscalía General de Colorado demandó a GEO Group por no entregar información solicitada durante una investigación sobre un caso confirmado de tuberculosis en el centro de procesamiento de ICE en Aurora. Las autoridades sanitarias habían solicitado información y acceso para investigar el posible riesgo de propagación de la enfermedad.
No es un caso aislado. En Nueva Jersey, las autoridades demandaron a GEO Group después de que inspectores sanitarios fueran impedidos de realizar una inspección completa en Delaney Hall, en Newark. El estado había recibido información sobre un detenido trasladado a un hospital con tuberculosis, además de reportes sobre condiciones insalubres y problemas de atención médica.
En Washington, un juez federal ordenó en julio que GEO permitiera el ingreso de inspectores estatales de salud a su centro de Tacoma, después de varios intentos de inspección que habían sido bloqueados.
Cuando una empresa privada administra instalaciones donde permanecen personas bajo custodia federal, la supervisión no puede depender únicamente de la propia empresa.
De las Notas Diplomáticas a los tribunales
Ante la acumulación de casos, México comenzó a modificar su respuesta. Después de haber enviado 11 notas diplomáticas de protesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció en julio una estrategia jurídica que incluye denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de acciones civiles contra empresas que operan centros de detención.
Para el 22 de julio, la SRE informó que ya había presentado 20 denuncias relacionadas con los 17 fallecimientos documentados.
El cambio es relevante porque desplaza la discusión del terreno exclusivamente diplomático hacia el ámbito de la responsabilidad jurídica. Ya no se trata solamente de pedir explicaciones al gobierno estadounidense, sino de determinar si existieron conductas u omisiones que puedan generar responsabilidades individuales, institucionales o empresariales.
La pregunta de fondo permanece abierta. ¿Cuántas muertes deben ocurrir para que un sistema de detención sea sometido a una supervisión independiente y permanente?
Para las familias mexicanas, cada cifra representa una persona. Para las instituciones, representa un expediente. La obligación de cualquier Estado democrático debería ser impedir que esas dos cosas terminen separándose.
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