La doble nacionalidad se encuentra en el centro de un debate sobre soberanía, ciudadanía y acceso a los principales cargos políticos en México.
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Doble Nacionalidad, el Nuevo Límite del Poder Político en México
La Cámara de Diputados aprobó el 22 de septiembre, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad única como requisito de acceso a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122, y fue enviado al Senado para continuar su proceso legislativo.
La votación en lo particular concluyó con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, después de un debate que se prolongó durante más de diez horas. La propuesta avanzó sin cambios, pese a las objeciones de la oposición y a las reservas planteadas durante la sesión.
El alcance de la reforma
El proyecto establece que las personas mexicanas por nacimiento que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. También se plantea que no puedan adquirir, invocar ni hacer valer otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, ni utilizar documentos extranjeros o solicitar protección diplomática de otro Estado.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar un vínculo jurídico y político exclusivo con México, especialmente en responsabilidades relacionadas con la seguridad nacional y la conducción del Estado. Sus críticos advierten que la doble nacionalidad no implica automáticamente lealtad dividida y que la reforma puede restringir los derechos políticos de mexicanos que viven fuera del país.
Una discusión que alcanza a la diáspora
La iniciativa no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana ni impide su participación en otros cargos de elección popular. Sin embargo, introduce una condición particular para las posiciones ejecutivas de mayor jerarquía.
La reforma todavía debe ser analizada y votada por el Senado. Si obtiene la aprobación requerida y posteriormente el respaldo de las legislaturas estatales, comenzará a formar parte del marco constitucional. De acuerdo con la propuesta, sus disposiciones se aplicarían a partir del proceso electoral de 2028.
Para los mexicanos residentes en Estados Unidos, el debate plantea una cuestión de fondo sobre ciudadanía, pertenencia y representación. La decisión legislativa definirá si los vínculos jurídicos construidos entre dos países pueden coexistir con la aspiración de ejercer las máximas responsabilidades del Estado mexicano.
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