Cuando detener migrantes también es un negocio

Desde enero del 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha impulsado distintas iniciativas para aumentar su capacidad de detención. Una de ellas llevó a la compra de 11 almacenes destinados a convertirse en instalaciones migratorias por aproximadamente un millón 70 mil dólares. Sin embargo, en 2026 la agencia comenzó a buscar compradores para siete de esos inmuebles.

El problema no terminó con el cambio de planes. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, documentó que ICE había gastado más de 20 millones de dólares en costos que no podrían recuperarse, entre ellos evaluaciones de zonificación, seguros y servicios de seguridad.

Una infraestructura que cuesta incluso cuando está vacía

El caso de Camp East Montana, en El Paso, Texas, muestra otra dimensión del problema. La instalación, cuyo contrato alcanzó un millón 300 mil dólares, fue diseñada para albergar hasta 5 mil personas. Sin embargo, a finales de febrero del 2026 tenía alrededor de mil 600 detenidos.

La GAO encontró que el contrato obligaba al gobierno a pagar servicios calculados para la capacidad máxima, incluso cuando la población era considerablemente menor. Entre el 1 y el 15 de agosto del 2025, antes de que llegaran los primeros detenidos, se pagaron hasta 11 millones 500 mil dólares por servicios que incluían alimentación, seguridad, atención médica y transporte.

Estos datos abren una pregunta que merece ser investigada más allá del debate migratorio. ¿Quién recibe los recursos destinados a esta expansión y cuánto termina pagando el contribuyente por una infraestructura que todavía está en proceso de definición?

Para los mexicanos que viven en Estados Unidos, la discusión tiene una dimensión adicional. Una parte importante de las personas bajo custodia de ICE son mexicanas. Conocer cuánto cuesta su detención y quién administra esos recursos permite observar la política migratoria desde un ángulo pocas veces explorado. El dinero también cuenta la historia.