De izquierda a derecha: Xavier Becerra (California), Katie Hobbs (Arizona), Deb Haaland (Nuevo México) y Gina Hinojosa (Texas), quienes encabezarán los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos a partir de 2027.
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El Nuevo Mapa Político de la Frontera entre México y Estados Unidos
La llegada de cuatro gobernadores demócratas a los estados estadounidenses que comparten frontera con México abre un escenario distinto para la relación bilateral. Texas, California, Arizona y Nuevo México tendrán administraciones del mismo partido a partir del 2027, una coincidencia que no se registraba desde 1978 y que podría favorecer una agenda regional de cooperación económica, migratoria y ambiental.
El cambio más significativo ocurre en Texas, donde Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott después de 32 años de gobiernos de ese partido. En California, Xavier Becerra asumirá la gubernatura; Katie Hobbs continuará al frente de Arizona tras su reelección, mientras Deb Haaland gobernará Nuevo México.
Cuatro estados, distintas prioridades
En Texas, Hinojosa podría revisar la participación estatal en las políticas de contención migratoria impulsadas por Abbott, incluida la Operación Estrella Solitaria, así como reducir las tensiones comerciales que provocaron las inspecciones adicionales a camiones mexicanos en el 2022.
En California, Becerra cuenta con experiencia como fiscal general y secretario federal de Salud. Su administración podría fortalecer la defensa jurídica de los inmigrantes y mantener las protecciones estatales frente a determinadas acciones de ICE.
Arizona representa continuidad con Hobbs, quien ha defendido una política fronteriza que combina seguridad, comercio y cooperación con Sonora. En Nuevo México, Haaland podría impulsar una agenda conjunta con Chihuahua en infraestructura, medioambiente y desarrollo energético.
Cooperación sin autoridad federal
La coincidencia partidista no constituye una alianza formal ni un bloque con facultades para confrontar directamente a Washington. Representa una configuración política que podría facilitar posiciones comunes, modificar los niveles de cooperación estatal con las autoridades migratorias federales y fortalecer los vínculos económicos con México.
Para el Gobierno mexicano, abre oportunidades de colaboración en infraestructura, inversión y cadenas de suministro, particularmente ante la revisión del T-MEC, iniciada en el 2026.
Sin embargo, los gobernadores no controlan las aduanas, las deportaciones ni las operaciones de ICE. Tampoco pueden negociar el tratado comercial o impedir decisiones federales. Su influencia dependerá de su capacidad para coordinar intereses regionales, ejercer presión política y mantener abiertos los canales de cooperación en un periodo de incertidumbre bilateral.
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